jueves, 11 de octubre de 2018

SALVAJE DESREGULACIÓN DE LA HOSTELERIA EN MADRID


El señor Garrido (PP), presidente de la Comunidad de Madrid, ya puede añadir a su CV el GRAN MERITO de haber sido el político que en menos tiempo más daño hará a la protección de la salud de los madrileños; con su decisión de aprobar por decreto una salvaje desregulación de las actividades de hostelería.

El mismo día en que representantes de la Coordinadora Vecinal Madrid Centro asistíamos invitados - como única organización civil de toda Europa - a la presentación que la Organización Mundial de Salud (OMS) hacía en Basilea de las directrices para la futura regulación del ruido en la Unión Europea, saltaba a los medios la triste noticia de la modificación del catálogo de actividades de hostelería de la Comunidad de Madrid; en las antípodas de lo que ayer nos contaba la OMS.

Aproximadamente en marzo de 2018, la asociación de empresarios de hostelería La Viña de Madrid, traslado al gobierno de Garrido una petición para modificar el catálogo de actividades hosteleras creando una nueva categoría mezcla entre restaurante y bar de copas. La propuesta La Viña tenía como objetivo que algunos de sus socios, que estaban siendo multados por incumplir con sus licencias de restaurante programando sesiones de dj, música y otras actividades no amparadas en sus licencias, dejasen de ser multados cambiando la normativa que incumplían. Petición a la que accedió Garrido.

La estrategia iniciada por La Viña para la modificación del catálogo de la ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid que está a punto de aprobar definitivamente Garrido; asume la mayoría de peticiones de los principales lobbies de la hostelería de Madrid y ni una sola propuesta de las asociaciones vecinales del centro de Madrid. Es curioso como esta modificación legal se hace sin estudio económico, ambiental o de cualquier tipo sobre su impacto; esos mismos estudios que estas organizaciones le reclaman al ayuntamiento de Madrid para la puesta en marcha de Madrid Central.

La desregulación puede resumirse así: se permitirá más de una actividad en un local aun cuando sean incompatibles, se crean los restaurantes bares de copas,  se permite a las discotecas actividad de restaurante, y los bares de copas música en directo, locales con música y terrazas o legalización del reparto a domicilio indiscriminado…entre otras muchas barbaridades, que a buen seguro incrementarán exponencialmente ruidos y molestias en los domicilios de los vecinos, y problemas generalizados de convivencia en las calles; principalmente en Madrid, y en especial en las zonas menos saturadas como Chamberí, Salamanca, etc. que a buen seguro empezarán a ser colonizadas por estas actividades.

Y esto será así ya que las administraciones municipales - responsables del control y la inspección de estas actividades – no podrán asegurar el cumplimiento de las condiciones de las actividades de estos locales – muchos de ellos incumplidores crónicos– por falta de la cantidad ingente de medios necesarios presente y futuros que la aplicación de la brutal desregulación de Garrido exigirá. Así pues ¡ALELUYA!

viernes, 24 de agosto de 2018

Iniciativa vecinal en defensa de los derechos de los residentes frente a las viviendas de uso turístico

Desde la Coordinadora de Asociaciones Vecinales Madrid Centro - que agrupa a la práctica totalidad del movimiento vecinal del centro de Madrid -  queremos compartir una iniciativa dirigida a las asociaciones vecinales de toda España.
Hemos preparado un escrito dirigido a la comisión de economía y competitividad del Congreso de los Diputados para que se solicite la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) - José María Marín Quemada – a rendir cuentas ante los representantes de los españoles en relación con el informe que este organismo acaba de publicar sobre la vivienda de uso turístico (VUT), en el que la CNMC copia el argumentario que utilizan en su defensa las plataformas que se lucran de la VUT, y con la decisión tomada por la CNMC de recurrir las medidas tomadas por algunos ayuntamientos para ordenar un fenómeno tan depredador para los residentes como es la VUT:
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Los abajo firmantes, todos ellos Asociaciones Vecinales de los Centros Históricos de España, queremos manifestar nuestra preocupación por el creciente fenómeno de las viviendas de uso turístico que, de una manera vertiginosa, han colonizado los edificios residenciales de nuestras ciudades, sin que las administraciones competentes hayan actuado de una manera eficaz para resolver el problema.

Entendemos que, en un Estado como el español, la toma de decisiones administrativas puede llegar a resultar compleja a la hora de afrontar los problemas de los ciudadanos. Pero lo que no entendemos es la inacción administrativa. Por eso, entendiendo el papel central que debe tener la administración estatal, pedimos la máxima coordinación y consenso posibles, para de manera urgente dar una solución a la problemática surgida alrededor de este fenómeno. No es aceptable que, como consecuencia de una innovación tecnológica, se tolere que un negocio está vaciando de residentes muchos barrios de nuestras ciudades, con la consiguiente pérdida irreparable de tejido social y vecinal.

Las Viviendas de Uso Turístico no son queridas por la mayoría de las comunidades de propietarios. Con una población flotante que cambia día a día es imposible establecer relaciones de vecindad, los usos y costumbres de los residentes temporales no coinciden con los de los vecinos habituales, además de los problemas de seguridad que conlleva la presencia constante de personas ajenas a la comunidad, que disponen temporalmente de una llave de acceso a las zonas comunes. Cada vez son más las personas que se resisten a ver su portal lleno de maletas, convertido en algo parecido a una recepción de un hotel, a compartir las zonas comunes con personas desconocidas, a convertirse en extraños para aquellos con quienes se cruzan diariamente. “Nadie puede criar a sus hijos en un hotel”.

La pérdida de valor residencial y el vaciamiento de nuestros centros históricos es un proceso que directamente MATA la ciudad, forzando a los residentes a un éxodo involuntario: a los inquilinos, porque no pueden afrontar las subidas de los alquileres y a los propietarios por la pérdida progresiva de calidad de vida derivada de la ‘hotelización’ del edificio en el que viven.

Todos estos problemas parecen no existir para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los minimiza o da para ellos unas soluciones imposibles o directamente absurdas, a pesar de las evidentes "externalidades negativas", como se llama en la jerga neoliberal a aquellos daños que la libertad de unos pocos causa al resto. Y que, como tal, requieren de una mínima reflexión.

Nos preocupa muchísimo que la CNMC, un organismo pagado con dinero público, proceda con tanta falta de rigor y se emplee abiertamente en hacer lobbying a determinadas empresas que obtienen un beneficio directo del incumplimiento del marco legal por parte de muchos de sus denominados "anfitriones".  Una empresa que obtiene lucro de la ‘ilegalidad’ nunca debería ser considerada un interlocutor válido. 

Nos parece que servirse de la ilegalidad para lucrarse, que es lo que hacen empresas como AirBnB, es una razón más que suficiente como para que un organismo público como es la CNMC se mantenga al margen de la cuestión; y dedique todos sus esfuerzos por ejemplo, a averiguar por qué los españoles pagamos el recibo de luz más alto de Europa en vez de ocuparse en promover el mismo argumentario de AirBnB. Sobre todo, porque la cuestión que nos atañe tiene una enorme dimensión social que extralimita el ámbito de las competencias propias de la CNMC.  

Con su postura, la CNMC no solo promueve los intereses de las grandes empresas, sino que va más allá al impugnar normas urbanísticas que han sido aprobadas de manera democrática, poniendo en marcha una enorme maquinaria de dinero público en gastos jurídicos (tanto por parte de la CNMC como por parte de los ayuntamientos demandados).

La toma de decisiones en un ayuntamiento es democrática y transparente: cuando se aprueba una norma urbanística, se ha de cumplimentar el trámite de información pública, en el que cualquier ciudadano puede presentar alegaciones. Pero no sabemos cómo se conforma una decisión en la CNMC, no sabemos a quién escuchan sus directivos. Sabemos muy poco de con quién se reúnen y mucho menos aún sabemos de qué hablan.

La CNMC está sometida al control parlamentario, porque estamos en una democracia y tiene que rendir cuentas a la ciudadanía.

Por eso consideramos que las llamativas coincidencias entre los postulados de la CNMC (que se plasman, por ejemplo en el "Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico en España") y la posición de AirBnB, reclaman una investigación que aclare cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe y si ha habido reuniones, llamadas telefónicas, visitas, etc., de qué se habló en todas estas reuniones,  y quiénes asistieron.

Creemos qué para el buen funcionamiento de las instituciones, el Congreso de los Diputados debe esclarecer cómo ha sido el proceso de toma de decisiones en la CNMC y de sus conclusiones debe rendir cuentas a la ciudadanía.

Por eso, pedimos a todos los diputadas y diputados de la Comisión de Economía que soliciten la comparecencia de José María Marín Quemada a fin de rendir cuentas y dar explicaciones a la ciudadanía.

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Para adherirse e incluir el nombre de vuestra Asociación Vecinal en como firmantes, mándanos una sencilla y clara respuesta confirmando que estáis interesados en figurar como firmantes de la iniciativa a la cuenta de correo:   stopviviendaturistica@gmail.com

viernes, 3 de agosto de 2018

Gran Noticia: Políticos Condenados por Ruido

Con la sentencia dictada por la Audencia Provincial de Cáceres contra dos políticos del PSOE y 11 hosteleros, se abre un nuevo camino en la defensa de la salud de los ciudadanos contra el Ruido de Bares y contra la negligente gestión de los nefastos políticos que campan por toda España. Confiamos que algunos tomen nota

Tal y como publicaba el diario digital www.hoy.es el pasado 25 de julio:

La Audiencia de Cáceres confirma las condenas de cárcel para Heras, Jurado y once hosteleros.

Ya hay sentencia firme del caso de la Madrila, iniciado en 2012 por una denuncia de la Asociación Cacereños contra el Ruido. La Audiencia Provincial apenas rebaja las condenas de prisión impuestas a la exalcaldesa Carmen Heras y al exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado(ambos gobernantes durante la legislatura 2007-2011), que quedan en un año y nueve meses para cada uno, así como para once hosteleros, que sí deberán entrar en la cárcel al rebasar los dos años.

Diez de estos empresarios, que se ocupaban de la explotación de nueve locales de la Madrila ('Machiavello', 'Discoteca Down', Súgar', 'La Belle', 'Submarino', 'La Cuerda', 'Barroco', 'Latinos' y 'Tacones') son condenados a dos años, tres meses y un día de prisión; otro, que llevó 'Tacones', deberá cumplir dos años y nueve meses.

Según penalistas consultados, tendrán que ingresar en prisión un tiempo mínimo de cinco a siete meses, antes de poder obtener el tercer grado. Se trata, por tanto, de un fallo judicial histórico, que hace responsable de los males padecidos durante años por los vecinos de esta zona a los dueños o gestores de los bares emisores del ruido.

Otro hecho destacado es que también se les prohíbe ejercer la hostelería en cafeterías, pub, bares, discotecas, salas de fiesta y cualquier local que cuente con equipo de reproducción sonora. La inhabilitación es de un año y nueve meses para cuatro de ellos, para cinco es de un año y medio y para dos es de un año. En muchos casos, constituye su principal modo de vida.

Por lo que se refiere a los socialistas Heras y Jurado, a ella se le ha rebajado la pena inicialmente impuesta en tres meses, y ambos son condenados a un año y nueve meses de prisión, lo que en principio supone no ir a la cárcelpor ser inferior a los dos años. No obstante, desde la reforma del Código Penal de 2015 es el juez quien decide si ingresan.

A Carmen Heras y a Carlos Jurado también se les condena a ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Ninguno ejerce en la actualidad actividad política, y podrán seguir con su profesión de profesores universitarios.

La Audiencia Provincial, en una sentencia de 124 páginas, lo que ha hecho es confirmar prácticamente la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres de fecha del 1 de enero de 2018. La leve rebaja en el caso de Carmen Heras se debe a que aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas. El resultado es que la aleja de ir a prisión. Hay que recordar, en este sentido, que exalcaldesa de Plasencia Elia Blanco, fue condenada a dos años y un día y estuvo en prisión un año y tres meses.

En el caso de los hosteleros también se mantiene en ambas sentencias la condena de dos años y nueve meses de cárcel para Abel Giraldo, de 'Tacones'. A Rubén García los dos tribunales le condenan a dos años y tres meses, y en el resto se les ha rebajado la sentencia primera en tres meses o un mes.

En el recurso, la exalcaldesa socialista volvía a responsabilizar a un técnico municipal de que no se actuara contra los bares emisores de ruido, pero la Audiencia concluye que la responsabilidad era de la alcaldesa y del concejal. Tampoco admite, como señalaba la defensa de los expolíticos, que la culpa del ruido de la Madrila fuera de la Junta o de la Subdelegación del Gobierno, al producirse en la vía pública.

Para la Audiencia, está claro que hubo contaminación acústica desde el año 2007 hasta el mes de marzo de 2012, periodo objeto de las denuncias, y que los responsables son los condenados.

Esta segunda sentencia mantiene que los hosteleros indemnicen a 14 vecinoscon un total de 99.000 euros por los daños morales. El Ayuntamiento no tiene que pagar.

La sentencia es firme, pero se puede recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si alegan que se ha vulnerado algún derecho fundamental de los condenados.




viernes, 27 de julio de 2018

Carmena legalizará los pisos turísticos incumpliendo la normativa urbanística


• El Plan Especial de Calvo pretende legalizar el 100% de las viviendas de uso turístico, actividades que hoy por hoy están fuera de la legalidad urbanística del PGOUM.
• La exigencia de un acceso independiente para los nuevos alojamientos turísticos que compartan edificio con otras viviendas de uso residencial no es ninguna novedad, ya es así para el distrito Centro en las Normas Urbanísticas vigentes.
• Esta iniciativa del ayuntamiento no ha sido participada con las asociaciones de vecinos del distrito de Centro, y afectarán tanto al funcionamiento de nuestros barrios como a la calidad de vida de los madrileños, por lo que pedimos la inmediata dimisión del responsable de este Plan, toda vez que por desidia administrativa nos llevó a una situación límite


La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Distrito Centro de Madrid quiere aclarar a los ciudadanos de Madrid,  ante el anuncio del ayuntamiento de Carmena de la "aprobación" de un Plan Especial para la regulación de los alojamientos turísticos, cuál es la realidad que esconde el Plan aprobado, ya que muy al contrario a lo anunciado por el ayuntamiento de Carmena, cuando dicen que el Plan terminará con el 95% de la vivienda de uso turístico (VUT), estamos ante un intento de legalización masiva – una suerte de amnistía - de una actividad que a todos los efectos – en el marco del actual Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) – no es legal.

A día de hoy las "viviendas de uso turístico", tal y como reconoce el propio ayuntamiento en sus procedimientos administrativos y avalan  la jurisprudencia de numerosas sentencias o el propio Defensor del Pueblo, son urbanísticamente hablando un uso terciario del tipo hospedaje debido a su carácter intrínsecamente diferente del uso residencial. Por lo que, al tratarse de actividades lucrativas, para su explotación comercial requieren de una licencia de actividad PREVIA, como sucede con cualquier otro tipo de negocios.

Es más, hoy por hoy las Normas Urbanísticas del PGOUM, en el caso del Distrito Centro, establecen que para que una vivienda pueda pasar de uso residencial a uso hospedaje, requiere contar con un acceso independiente desde la calle, para poder cambiar de uso. Por lo tanto, ya que la mayoría de los inmuebles de Centro no cuentan con más de un acceso desde la calle, la práctica totalidad de las viviendas de este distrito no podrían adquieren la calificación de hospedaje, y por tanto llegar a actuar como "viviendas de uso turístico".

Por lo tanto, la limitación de la vivienda para adquirir calificación de uso hospedaje en función de su acceso independiente ya existe, así que no le vendan humo a los ciudadanos.

Esto es así a día de hoy, y lleva siendo así desde que Carmena llego a nuestro ayuntamiento hace 3 años sin que haya hecho absolutamente nada para parar este fenómeno tan agresivo con los residentes; y que se ha desarrollado al margen de la legalidad vigente, por la absoluta inacción del concejal José Manuel Calvo (Podemos). Incurriendo en una clara y grave omisión de sus obligaciones.

No contento con no ejercer las obligaciones de su cargo, obligaciones como la de velar por el estricto cumplimiento de la legalidad urbanística municipal, el concejal Calvo se saca de la manga un Plan Urbanístico que incluso pretende dar visos de legalidad a la actividad de hospedaje sin exigir una licencia, siempre y cuando ésta se realice durante menos de 90 días (que viene a ser la práctica totalidad de fines de semanas al año) so pretexto de una ‘economía colaborativa’ que no es tal si no economía pura y dura. A sabiendas de que será imposible controlar administrativamente la situación, y que por tanto será la puerta para amnistiar la práctica totalidad de la actividad de hospedaje que hoy se realiza al margen del PGOUM.

El Plan de Calvo, que anuncia como INMINENTE, tardará meses en su tramitación, y muy probablemente, en el mejor de los casos, no será de aplicación hasta la legislatura próxima por la corporación que salga elegida en las próximas elecciones. En línea con la mayoría de las escasas iniciativas llevadas por esta corporación: años sin hacer nada para hacerlo todo al final y que lo ejecute el venga detrás. ‘La estrategia de la cigarra’.

Insinúa el ayuntamiento en su nota informativa que la iniciativa del Plan Calvo ha sido consensuada en una supuesta mesa de participación. GRAN MENTIRA. Jamás ha existido una mesa así, y mucho menos participación vecinal alguna en la elaboración de su propuesta que es única y exclusivamente responsabilidad suya.

Por todo ello, hartos de una corporación perezosa, y de un concejal incapaz, pedimos la inmediata dimisión del concejal Calvo como responsable del urbanismo de la ciudad de Madrid. Los madrileños merecemos gente que trabaje por la legalidad de nuestra ciudad, y no gente que simplemente ocupe una silla y tenga un buen sueldo.

domingo, 1 de julio de 2018

Carmena pisotea el derecho a la salud de miles de madrileños para favorecer el negocio del alcohol y el ruido

La Asociación de Vecinos de Chueca y la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Centro, de la que forman parte la mayoría de asociaciones vecinales del centro de Madrid, queremos hacer público nuestro más rotundo desacuerdo con la decisión anunciada por el Ayuntamiento de Carmena de eximir a la fiesta Madrid Orgullo del cumplimiento de la ordenanza contra el ruido. Los vecinos del centro apoyamos que se puede realizar cualquier tipo de celebración, por parte de cualquier colectivo de nuestra sociedad, pero SIEMPRE que concilie con el derecho que tenemos los vecinos a poder tener una vida familiar normal en nuestras casas.
El Ayuntamiento de Carmena ha aprobado un año más, a través de su junta de gobierno, eximir del obligado cumplimiento de la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústicaa los promotores del evento MADO, más conocido como Orgullo Gay. De esta forma, la normativa medioambiental que el resto de ciudadanos estamos obligados a cumplir, parece que no sirvepara los privilegiados por la señora Carmena.
MADO es un evento privado con ánimo de lucro, promovido por AEGAL (Asociación de Empresarios y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid ysu comunidad), COGAM (Colectivo LGTB de Madrid) y FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales).
Durante años el Ayuntamiento de Madrid ha sancionadoa los promotores de esta fiesta de hiperalcoholismo, por superar de manera alarmante los niveles de ruido permitidos, lo que evidencia que existe un claro problema de ruido. Con Carmena, lamentablemente, la ley que nos protege ya no vale.
Las asociaciones vecinales de centro no estamos en contra de que cualquier colectivo realice celebraciones en los espacios públicos de la ciudad pero SIEMPRE conciliando con el derecho fundamental que tenemos las personas a poder vivir y dormir en nuestros domiciliosMADO no concilia
La vida de las personas residentes en el centro de Madrid cada vez es más complicada. La saturación de ocio nocturno y actividades ruidosas, el hacinamiento de bares y terrazas, el uso de nuestros edificios como hoteles para turistas…expulsan día a día a sus habitantes. Esta siniestra tendencia no ha hecho más que multiplicarse con la alcaldesa Carmena, quien con decisiones como la que aquí denunciamos–sobra recordar que MADO es el evento que más perturba la vida de los vecinos del centro de Madrid –abunda en las políticas de expulsión de los residentesdel centro en beneficio de la industria del turismo, del alcohol y del ruido.
Los vecinos del centro de Madrid consideramos que eventos organizadoscon ánimo de lucro y gestionados por empresas privadas no deben ser objeto de trato privilegiado, ni eximidos del cumplimiento de la legislación de aplicación general, y menos usando groseros atajos legales como la declaración de ‘fiesta de interés general’. Y nos avergüenza profundamente que quien se supone es alcaldesa de todos los madrileños entregue nuestra salud al negocio del alcohol y el ruido en que se ha convertido MADO.

miércoles, 27 de junio de 2018

Ya está operativa la web con información sobre Viviendas Turísticas para los vecinos de Madrid

Este sitio en internet, creado de manera colaborativa entre las asociaciones vecinales del distrito centro y la FRAVM, como una iniciativa más del trabajo que estamos haciendo para ayudar a nuestros vecinos a defenderse de la agresión a sus derechos por culpa de las viviendas turísticas en nuestros edificios.



En la web se puede encontrar una guía detallada explicando la situación de legalidad y administrativa de estas actividades; así cómo los diferentes pasos que proponemos dar para denunciar viviendas de uso turístico en nuestros edificios. Acompañan a esta guía otros documentos y un folleto divulgativo...Materiales que en su conjunto, pueden ser de gran utilidad para los ciudadanos de Madrid que nos oponemos a que los especuladores conviertan nuestros edificios en rentables hoteles y nuestras vidas familiares en un infierno diario.

http://www.stopviviendaturistica.net/


También está operativa la cuenta de email stopviviendaturistica@gmail.com para dirigir consultas concretas o solicitar más información.

Defiéndete y denuncia!!!

viernes, 16 de marzo de 2018

Defensor del Pueblo sobre Amsterdam: "El centro de la ciudad es una jungla de noche"

El sitio de Het Parool publicó un artículo el 3 de marzo de 2108 titulado: "Defensor del Pueblo: "El centro de la ciudad es una jungla de noche" ( "Ombudsman: De binnenstad is 's nachts een jungle"). En el artículo, el Defensor del Pueblo de la ciudad, M. Zuurmond, ofrece sus conclusiones sobre el ocio nocturno en la ciudad de Amsterdam - que bien sería extrapolable a Madrid u otras muchas ciudades españolas y europeas - tras pasar una noche de fin de semana en la vivienda de de unos residentes del centro de la ciudad, en uno de los tres barrios de Ámsterdam donde se concentra el ocio nocturno.

No es la primera vez que el Defensor del Pueblo se somete a esta experiencia. Ya realizó el mismo experimento el año pasado y al día siguiente hizo sonar todas las alarmas; en concreto, señaló que había tenido la impresión de que el barrio había sido ocupado por el público que cabe dentro de un  " estadio olímpico dispersándose por las calles del barrio". El alcalde de Ámsterdam decidió entonces desplegar 140 policías más para atender las incidencias del ocio nocturno en el barrio.

Un año después, y a pese a contar con más medios policiales, las conclusiones del Defensor del Pueblo, es que la situación no sólo no había mejorado sino que, tal y como confirman los datos observados, había empeorado más. En total, simplemente observando desde una de las ventanas de la vivienda de los vecinos, el Defensor del Pueblo contó ¡942! infracciones: orinar y defecar en la vía pública, tener relaciones sexuales en la calle, conducir en dirección contraria, etc...etc.. Contó 810 taxis (taxis"oficiales" y taxis Uber) mal aparcados cortando la calle. Escuchó a 155 coches tocando la bocina o con música atronadora. Se midieron en repetidas ocasiones niveles acústicos de más de 65dB dentro del dormitorio en periodo nocturno. La policía patrulla la zona no hacía nada al respecto de todas estas situaciones observadas sólo en un punto muy concreto del barrio. 

Todo ello le llevo a afirmar al Defensor del Pueblo que el barrio vive sumido "En el caos de una jungla urbana nocturna". Y añadió: "Si Ámsterdam fuera un parque temático, ¡hubiera estado cerrado hace mucho tiempo!"

Nuestra asociación ya invitó al ex alcalde Ruiz Gallardón a pasar el fin de semana del MADO (Orgullo Gay) en el domicilio de alguno de los vecinos de Chueca. Claro que por desgracia Gallardón no es el Defensor del Pueblo de Amsterdam.

El enlace al vídeo incluido en el artículo de Het Parool es absolutamente elocuente, aunque no se conozca el idioma en el que está grabado, con escenas que hablan por sí solos.

domingo, 4 de marzo de 2018

Certero Artículo de Opinión de Francesc de Carreras en el diario El Pais (04-03-18)

Democracia ¿participativa?

Las formas de democracia participativa de los foros de distrito o son manipulación desde el poder o no sirven para nada


Las ciudades, está a la orden del día la polémica de los carriles bici. El Ayuntamiento que preside Manuela Carmena, al frente de una coalición encabezada por Podemos, ha incrementado muy notablemente este tipo de vías.
A su vez, dicho consistorio, también como en otras ciudades, ha implantado unos procesos de democracia participativa vecinal. Pieza clave de esta participación son los foros locales de distrito que se definen como “espacios en que todos los vecinos y vecinas se pueden reunir para debatir y trabajar en iniciativas para mejorar la ciudad desde la perspectiva de sus barrios y distritos”. Hay un foro en cada uno de los 21 distritos y su sistema de funcionamiento se acerca mucho al de una democracia asamblearia. Aunque estos foros han sido uno de los proyectos estrella del gobierno de Carmena, no parece que el éxito les haya acompañado. Según las cifras proporcionadas por el concejal de Coordinación Territorial Nacho Murgui, solo se han inscrito 4.181 ciudadanos, un número ínfimo si se tiene en cuenta que Madrid es una ciudad de 3.182.981 habitantes.
El concejal, al parecer hombre animoso y optimista, sostiene que la cifra de inscritos demuestra el interés ciudadano, ya que en el último año han aumentado en un 40% y ello demuestra el éxito de una politica de “participación real”, aunque la asistencia a las reuniones no suele rebasar las cinco personas por sesión. Este proceso de participación se lleva a cabo mediante los “dinamizadores”, cuyos sueldos absorben la mayor parte del presupuesto asignado por el Ayuntamiento a los foros, unos 647.000 euros, a los que hay que añadir otros gastos en publicidad (201.000), lo cual da una suma total de 848.000 euros.
Pero volvamos al carril bici y a la polémica suscitada. En efecto, según ha ido puntualmente informando el periodista Luca Constantini en el cuadernillo de EL PAÍS dedicado a Madrid, el Ayuntamiento decidió que en la calle Santa Engracia, entre la plaza de Alonso Martínez y Cuatro Caminos, unos 2,2 kilómetros de longitud, se estableciera un carril bici. Este recorrido está situado en el distrito de Chamberí y algunas asociaciones de vecinos sostienen que el carril bici apenas es utilizado y, en cambio, la pérdida de espacio para coches genera importantes atascos.
En julio pasado, estas asociaciones redactaron un escrito para que se revirtiera este carril bici, entre otras peticiones de parecido carácter. Recogieron 2.000 firmas de vecinos y presentaron el documento al Ayuntamiento. La portavoz municipal lo rechazó y les dijo que la vía adecuada era plantearlo en el foro del distrito. Así lo hicieron la semana pasada y ganaron por 30 votos a favor y 20 en contra. Sin embargo, como no se trata todavía de una decisión vinculante, hay que esperar a que un informe técnico determine su viabilidad. Si es así, el Ayuntamiento puede tener que incorporar el coste de las obras al presupuesto correspondiente, aunque sus representantes han dicho que no pensaban cambiar sus decisiones por la simple decisión de un foro vecinal. ¿Vale la pena, entonces, que se articulen estos procedimientos si no sirven para nada cuando intentan rectificar las decisiones del poder?
Esta larga pero significativa historia viene a cuento para comprobar el valor de ciertas formas de democracia participativa. En Barcelona se comprobó con el referéndum de la Diagonal en el que sólo participaron el 12% de los barceloneses. Las leyes de procedimiento administrativo ya prevén la participación de los afectados. Pero querer convertir esta participación en una nueva forma de democracia porque los procedimientos de democracia representativa, mediante la cual se han elegido los cargos municipales, son sumamente imperfectos, es un error que se comprueba por las cifras de participación. 30 votos a favor y 20 en contra, frente al 1,6 millones de votos en las últimas municipales de Madrid. Llamarle a esto democracia participativa es una burla a la inteligencia, incitan a no participar.
No sé quien tiene razón, si los unos o los otros. Sólo sé que esta no es una buena forma de tomar decisiones democráticas. Como decía aquél, los experimentos con gaseosa, no con champagne (francés, naturalmente), que sale caro. En definitiva, estas formas de democracia participativa, o son pura manipulación desde el poder (quizás para eso se inventan), o no sirven para nada, excepto para que los dinamizadores se ganen la vida. La democracia representativa, por lo menos, es más seria. 
Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.