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Las Terrazas en Madrid

Breve Introducción
En julio del año 2013 el ayuntamiento de Madrid aprobaba la actual ordenanza de Terrazas que regula el desarrollo de esta actividad en nuestra ciudad. Hasta el año 2006 era obligatorio realizar una evaluación ambiental previa a la instalación de una terraza en la vía púbica, por razones obvias de impacto acústico principalmente. Por tanto, en 16 años se ha pasado de tener que evaluar el impacto ambiental de las terrazas a poder instalarse de manera masiva e invasiva sin considerar su efecto sobre la población residente o sobre las múltiples externalidades que generan. 



Algunas cuestiones fundamentales a considerar sobre las terrazas:
La autorización municipal para la ocupación del espacio público por negocios privados de hostelería mediante la instalación de una terraza, como un servicio complementario a negocios que se desarrollan dentro de locales privados y para los que es obligatorio contar con una licencia de actividades. Por tanto, primer matiz importante es que se trata de una autorización pública, que no genera derechos urbanísticos, y que igual que es autorizada puede ser desautorizada.
Estas actividades implican algunas cuestiones importantes que han sido obviadas en la vigente ordenanza municipal que regula las terrazas:


1.     Una alteración de la libre competencia:

·       Primero, entre las actividades hosteleras que tienen acceso a usar el espacio público para el desarrollo de su actividad comercial y el resto de actividades económicas que no lo tienen y se desarrollan en establecimientos físicos. Las actividades de hostelería consiguen de esta manera unos ingresos y plusvalías por la rentabilización del espacio público a precios totalmente fuera de mercado. Es obvio que el precio del m2/año de la tasa municipal de terrazas (entre 11 y 74 €) está muy muy alejado del precio m2/año de un local comercial en el mercado libre.
·       Segundo, supone una competencia desleal entre las propias actividades hosteleras que tienen acceso a contar con terraza y las que no tienen acceso.
·       Tercero, suponen un elemento fundamental de alteración y distorsión de los precios en el libre mercado del alquiler y venta de locales, en función de las características del entorno físico en el que estos se sitúan y según la viabilidad o no de que el entorno de un local pudiera ser susceptible de ser ocupado o no con una terraza.

2.     La entrada en vigor de la actual ordenanza de terrazas supuso en un elemento distorsionador de los usos urbanísticos en la ciudad, al introducir una enorme carga de especulación urbanística sobre al espacio público.

3.     Una alteración de la calidad ambiental de los entornos en los que estas actividades son autorizadas: aumento del ruido ambiente de manera variable según el grado variable según la concentración de sillas y mesas o las características de los espacios – espacios abiertos o en calles estrechas – donde se ubican

4.     Alteración del estado de limpieza del entorno ya que, a pesar de que la actual ordenanza obliga a los titulares de las instalaciones a mantener limpio el entorno y limpiar al recoger la suciedad de manera continúa, en la práctica no se cumple y los entornos de las terrazas suelen ser zonas que acumulan suciedad.  

5.     Una clara alteración de la movilidad de los peatones, especialmente grave en el caso de personas con movilidad reducida o mayores dificultadas para desplazarse (carros infantiles, carros de compra…). Pese a que a priori las terrazas han de cumplir un régimen de distancias ‘óptimo’, en la práctica es muy habitual que los elementos de las terrazas se coloquen fuera de los límites marcados o incluso son ocupados con más elementos de los autorizados afectando a la movilidad peatonal.

6.     Repercusión sobre el ayuntamiento en la carga administrativa para gestionar las autorizaciones y sobre todo para tramitar y aplicar con éxito la vigilancia, el control, tramitación de las infracciones y las sanciones por incumplimientos.

7.     La alteración del paisaje urbano, con todo tipo de instalaciones que interrumpen el continuo urbano. Cuando estas instalaciones están en funcionamiento se convierten en una especie de auténticos ‘asentamientos chic’. O cuando estas instalaciones están recogidas, amontonadas en medio de la calle conforman un horrible paisaje industrial.

8.     Las zonas saturadas por actividades ruidosas introducen un componente muy importante en la depreciación del valor real de las viviendas de los residentes, estimado según los estudios para la elaboración del Índice de Precios de la Vivienda (IPV) en Europa en torno al 2% anual. El ruido es una de las variables que intervienen en el cálculo del IPV, como un elemento explicativo más del modelo de regresión utilizado para el cálculo de este indicador armonizado para los países del entorno UE.

9.     Existen dudas más que razonables sobre la legalidad de muchas de las terrazas autorizadas. En concreto, en el caso de las instalaciones cubiertas y cerradas, que cuentan con todo tipo de servicios y actividades hoteleras…suponen un consumo de edificabilidad sobre el sistema general viario. El suelo sobre el que se desarrollan estás auténticas construcciones ancladas, carece de edificabilidad lucrativa, y por lo tanto el lucro urbanístico de estas actividades privadas está fuera del ‘interés público’ e interés general que caracteriza este suelo.

10.  La dotación de servicios de agua y luz, tanto de manera subterránea – tal y como autoriza la ordenanza vigente – como de manera aérea, incumple la normativa técnica de seguridad que tienen que tener estos servicios; y que por lo tanto no deberían poder acometerse en la vía pública sin más.

11.  Además, en el caso de estas instalaciones con cerramientos integrales, se incumple la legislación contra el tabaco, pese a ser ésta la excusa que se utiliza en la introducción de la actual ordenanza para justificar su autorización. Estas instalaciones cerradas se ofertan como espacios para fumadores, y de facto se fuma en ellas pese a contravenir la legislación antitabaco.

12.  La ocupación desmedida supone un consumo de suelo de uso público que impacta sobre la disponibilidad de un recurso escaso; muy especialmente en el caso del Distrito Centro. El suelo de uso público es ocupado por parte de actividades privadas lucrativas que no atienden al interés general propio del espacio público; como podrían ser el de usos para recreo y esparcimiento infantil, espacios para el descanso de las personas, zonas verdes para embellecer el paisaje urbano, entre otras. 

13.  Una cuestión muy importante que se ha obviado de la concesión de autorizaciones de terrazas es la seguridad. Esta cuestión se ve afectada en aspectos como la seguridad peatonal (en aquellas zonas de alta afluencia peatonal), en la seguridad pública (son numerosas las imágenes de los elementos de terrazas utilizados como armas arrojadizas) o en la seguridad sobre la higiene y la salud (al desarrollara en la vía pública actividades críticas como el consumo de alimentos y bebidas).

14.  La rentabilidad económica que el ayuntamiento obtiene de este uso del espacio público, cedido para el lucro particular, resulta mucho menos si se compara con el que se obtiene por otras actividades, de mayor interés general, como es el caso del aparcamiento SER.

15.  El actual sistema de concesión de autorizaciones para terrazas no tiene en cuenta en la toma de decisiones sobre la autorización a los residentes que viven en el entorno de las mismas y que son afectados directos de tales decisiones.

Entrevista a Jan Gehl en El País Semanal (11-09-2016)

Algunos extractos interesantes de la entrevista:

Este danés es una estrella de la arquitectura mundial que defiende con su obra
la sostenibilidad de las grandes metrópolis. Artífice de desafíos como peatonalizar Broadway, en Nueva York, ha convertido en cruzada su defensa de un urbanismo
donde las personas, y no los automóviles, tomen las calles.






Su mujer, que es psicóloga, le hizo ver que la modernidad no funcionaba para las personas. Sí. 1ngrid hacía preguntas que nos costaba  responder cuando mis amigos de la escuela de arquitectura  venían a casa.

¿Qué preguntaba? ¿Porqué no os interesa la gente?

¿Qué le contestaban? Nos dimos cuenta de que los edificios se retrataban antes dela inauguración o de madrugada para que no hubiera nadie estropeando la foto. El urbanismo se había separado de las ciencias sociales. Ellos sabían mucho de gente y nosotros de edificios, pero no los relacionábamos al pensarla ciudad. Por eso elegí este campo.

¿Cómo se cambian los valores de los ciudadanos? En el momento en que se van los coches llegan el aire limpio y la vida a las calles. La mejora en la salud de la gente debería convencer a cualquiera… Eso educa a la ciudadanía, los ciudadanos deben querer el cambio. Uno debe enorgullecerse, no avergonzarse, de lo que deja a sus hijos.

Para salvar las ciudades no se necesita solo que la gente camine por las calles, sino también que pueda permitirse vivir en ellas.  La gentrificación arruina la urbe haciéndola monotemática: los precios aumentan y solo un tipo de habitante puede permitirse vivir allí. Los urbanistas no podemos solucionar el problema porque no viene del urbanismo, sino del ámbito económico. y requiere decisiones políticas…


¿La terraza de un bar  es un espacio público? Los espacios público-privados, como los centros comerciales, no son espacios públicos. Pero sentarse en la calle a mirar a la gente es uno de los placeres de la vida. A me gusta tomar café en la calle, pero hay que limitar las terrazas para que hay bancos donde se siente quien no pueda pagar un café. Eso hace una ciudad más real. Y más segura


(El País Semanal, por Anatxu Zabalbeascoa, 11-09-2016)




El conflicto en el uso del espacio público

Reproducimos el interesantísimo artículo de la periodista Clara Blanchar publicado ayer día 25 de julio de 2016 en la edición de Cataluña de el diario El País. 

Hay turistas, por su cuenta o en grupo. Bicis. Segways y asimilados. Terrazas. Skaters. Vendedores del top manta. Perros en la playa. Motos en las aceras. Y vecinos, claro. Por definición, el espacio público es de todos y no es de nadie. Pero en Barcelona hay zonas donde el conflicto es constante y en algunos momentos la calle da señales de saturación. El debate es complejo. Hay expertos que hablan en términos cuantitativos, otros cualitativos, mientras otros recuerdan que, por definición, la calle es conflicto. Pero coinciden en dos cosas. Una: quien más espacio público consume son los coches: el 60% en Barcelona. Y dos, gestionar es cuestión de valentía política. El verano y la presión turística no hacen más que recrudecer el conflicto.

Quien habla de espacio público en términos cuantitativos es Naciones Unidas. El director de Investigación de la agencia Habitat, Eduardo López Moreno, recuerda desde Nairobi que el espacio público está perdiendo peso en las ciudades. La agencia considera “óptimo” que ocupe entre el 30% y el 40% de las tramas urbanas, y de media en Europa supone el 19%. “La discusión se centra en cómo distribuir un espacio público marginal, cuando debería ser cómo se rediseñan las ciudades y se aumenta”, conviene. López Moreno se muestra partidario de “un equilibrio entre lo privado y lo público, con liderazgo público, porque el planeamiento es un bien público”.

El arquitecto David Bravo, secretario del Premio Europeo al Espacio Público del CCCB, discrepa del abordaje cuantitativo en este debate. No es cuestión de cantidad, dice, y recuerda las urbanizaciones modernas “con demasiado espacio público: sin actividad, inhóspito, inseguro y difícil de mantener”. Bravo cree que en el caso de Barcelona el problema fue “una apuesta revolucionaria por el espacio público como instrumento para cohesionar que se ha pasado de frenada, hemos acabado vistiéndolo como un baño de lujo”. Recuerda el eslogan Barcelona posa't guapa y lamenta “haber tratado a la ciudad como una chica invitándola a lucir en vez de a ser lista: ha sido la gran paradoja, que el esfuerzo colectivo, las inversiones, lo hemos regalado a la industria turística y al mercado inmobiliario”. Porque cada vez que se invierte dinero público los barrios sufren un proceso de gentrificación y se expulsa a los vecinos y al comercio local, recuerda y cita el “urbicidio” del Gótico, que ha perdido un 45% de población.

La receta de Bravo se basa en ir más allá de las clásicas intervenciones de peatonalización y mejora de la movilidad (Enric Granados, Born, Gràcia...) y trufar la ciudad, toda, de vivienda pública de alquiler. Porque estos vecinos son inexpulsables. Y mientras hay vecinos, hay vida cotidiana y ciudad. El arquitecto apuesta incluso por “crear la figura del pequeño comercio de protección oficial”, con ayudas de la administración para recuperar locales vacíos.

Eso en vistas al futuro. Pero y ahora mismo, ¿qué hacemos? Bravo pide “voluntad política y ritmo, porque el empuje es muy fuerte. Medidas proporcionales a la guerra en la que estamos”. Y en la ocupación del espacio público por parte de privados, como las terrazas, entiende que es “un tema de proporción y de aplicar hardware, como intervenir en los horarios”.

Desde la Asamblea de barrios por un turismo sostenible (ABTS), Horacio Espeche, reivindica la alerta de hace años del movimiento vecinal denunciando la marcha de vecinos de los barrios a causa del turismo y “la sustitución de usos que ha provocado”. Comenzando por la vivienda y acabando por el comercio o la vida cotidiana. “No hablamos en plan nostálgico de petrificar, pero sí queremos barrios vitales con vecinos y planes de usos para que no haya una tienda de alquiler de bicis cada diez metros”, explica.

Más recetas para Barcelona. La principal de Enric Batlle, también arquitecto y presidente del Jurado del Premio Europeo del Espacio Público, apuesta por “ampliar el espacio, los puntos de atención por el Área Metropolitana” y “apoyarse en rutas en bici para dispersar a una parte de los turistas”. También aboga por “aplicar la legislación o las ordenanzas y hacerlas cumplir”. De iniciativa pública, de nuevo: “Tener un criterio político claro y tirar millas”. Batlle mira a Copenhague, premiada por la calidad de su espacio público, basado en buena parte en una red de carriles bici que tiene incluso vías rápidas elevadas para ir de punto a punto.

El antropólogo Manuel Delgado, autor del ensayo El espacio público como ideología es contundente al recordar que cuando hablamos de espacio público hablamos de la calle, y que la calle es, por definición, conflicto. Conflicto de usos: el clásico en un parque entre quien tiene perro o tiene niños. “El espacio público no se puede saturar de gente, porque es su naturaleza, cumple su misión de que sea de todo el mundo, quien satura son los coches y quien menos sobra, los peatones”, dice, y distingue entre “apropiación y posesión” del espacio público. “El espacio público no es una categoría física, es política, tiene que ver con el derecho a utilizar un espacio que es de todo el mundo y puede ser apropiado, usado, no poseído, porque no es de nadie”. Cuando habla de posesión se refiere a la privatización. Pagar por instalar una terraza: “Es la diferencia entre ser usuario o cliente del espacio público”.


Delgado lamenta que, siendo propiedad de la administración, “sería esperable que estuviera al servicio público, y la administración arbitrara conflictos y lo mantuviera y regulara”. Pero en Barcelona el espacio público se ha convertido “en la guarnición (en el sentido militar, de vigilar; y en el sentido gastronómico, de acompañar) del escaparate de las operaciones que se presumen urbanísticas y son inmobiliarias; es el escaparate del producto que es Barcelona, y no se trata de hacerlo más justo, sino de expulsar cualquier cosa que moleste”, dice.