viernes, 24 de agosto de 2018

Iniciativa vecinal en defensa de los derechos de los residentes frente a las viviendas de uso turístico

Desde la Coordinadora de Asociaciones Vecinales Madrid Centro - que agrupa a la práctica totalidad del movimiento vecinal del centro de Madrid -  queremos compartir una iniciativa dirigida a las asociaciones vecinales de toda España.
Hemos preparado un escrito dirigido a la comisión de economía y competitividad del Congreso de los Diputados para que se solicite la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) - José María Marín Quemada – a rendir cuentas ante los representantes de los españoles en relación con el informe que este organismo acaba de publicar sobre la vivienda de uso turístico (VUT), en el que la CNMC copia el argumentario que utilizan en su defensa las plataformas que se lucran de la VUT, y con la decisión tomada por la CNMC de recurrir las medidas tomadas por algunos ayuntamientos para ordenar un fenómeno tan depredador para los residentes como es la VUT:
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Los abajo firmantes, todos ellos Asociaciones Vecinales de los Centros Históricos de España, queremos manifestar nuestra preocupación por el creciente fenómeno de las viviendas de uso turístico que, de una manera vertiginosa, han colonizado los edificios residenciales de nuestras ciudades, sin que las administraciones competentes hayan actuado de una manera eficaz para resolver el problema.

Entendemos que, en un Estado como el español, la toma de decisiones administrativas puede llegar a resultar compleja a la hora de afrontar los problemas de los ciudadanos. Pero lo que no entendemos es la inacción administrativa. Por eso, entendiendo el papel central que debe tener la administración estatal, pedimos la máxima coordinación y consenso posibles, para de manera urgente dar una solución a la problemática surgida alrededor de este fenómeno. No es aceptable que, como consecuencia de una innovación tecnológica, se tolere que un negocio está vaciando de residentes muchos barrios de nuestras ciudades, con la consiguiente pérdida irreparable de tejido social y vecinal.

Las Viviendas de Uso Turístico no son queridas por la mayoría de las comunidades de propietarios. Con una población flotante que cambia día a día es imposible establecer relaciones de vecindad, los usos y costumbres de los residentes temporales no coinciden con los de los vecinos habituales, además de los problemas de seguridad que conlleva la presencia constante de personas ajenas a la comunidad, que disponen temporalmente de una llave de acceso a las zonas comunes. Cada vez son más las personas que se resisten a ver su portal lleno de maletas, convertido en algo parecido a una recepción de un hotel, a compartir las zonas comunes con personas desconocidas, a convertirse en extraños para aquellos con quienes se cruzan diariamente. “Nadie puede criar a sus hijos en un hotel”.

La pérdida de valor residencial y el vaciamiento de nuestros centros históricos es un proceso que directamente MATA la ciudad, forzando a los residentes a un éxodo involuntario: a los inquilinos, porque no pueden afrontar las subidas de los alquileres y a los propietarios por la pérdida progresiva de calidad de vida derivada de la ‘hotelización’ del edificio en el que viven.

Todos estos problemas parecen no existir para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los minimiza o da para ellos unas soluciones imposibles o directamente absurdas, a pesar de las evidentes "externalidades negativas", como se llama en la jerga neoliberal a aquellos daños que la libertad de unos pocos causa al resto. Y que, como tal, requieren de una mínima reflexión.

Nos preocupa muchísimo que la CNMC, un organismo pagado con dinero público, proceda con tanta falta de rigor y se emplee abiertamente en hacer lobbying a determinadas empresas que obtienen un beneficio directo del incumplimiento del marco legal por parte de muchos de sus denominados "anfitriones".  Una empresa que obtiene lucro de la ‘ilegalidad’ nunca debería ser considerada un interlocutor válido. 

Nos parece que servirse de la ilegalidad para lucrarse, que es lo que hacen empresas como AirBnB, es una razón más que suficiente como para que un organismo público como es la CNMC se mantenga al margen de la cuestión; y dedique todos sus esfuerzos por ejemplo, a averiguar por qué los españoles pagamos el recibo de luz más alto de Europa en vez de ocuparse en promover el mismo argumentario de AirBnB. Sobre todo, porque la cuestión que nos atañe tiene una enorme dimensión social que extralimita el ámbito de las competencias propias de la CNMC.  

Con su postura, la CNMC no solo promueve los intereses de las grandes empresas, sino que va más allá al impugnar normas urbanísticas que han sido aprobadas de manera democrática, poniendo en marcha una enorme maquinaria de dinero público en gastos jurídicos (tanto por parte de la CNMC como por parte de los ayuntamientos demandados).

La toma de decisiones en un ayuntamiento es democrática y transparente: cuando se aprueba una norma urbanística, se ha de cumplimentar el trámite de información pública, en el que cualquier ciudadano puede presentar alegaciones. Pero no sabemos cómo se conforma una decisión en la CNMC, no sabemos a quién escuchan sus directivos. Sabemos muy poco de con quién se reúnen y mucho menos aún sabemos de qué hablan.

La CNMC está sometida al control parlamentario, porque estamos en una democracia y tiene que rendir cuentas a la ciudadanía.

Por eso consideramos que las llamativas coincidencias entre los postulados de la CNMC (que se plasman, por ejemplo en el "Estudio sobre la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico en España") y la posición de AirBnB, reclaman una investigación que aclare cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe y si ha habido reuniones, llamadas telefónicas, visitas, etc., de qué se habló en todas estas reuniones,  y quiénes asistieron.

Creemos qué para el buen funcionamiento de las instituciones, el Congreso de los Diputados debe esclarecer cómo ha sido el proceso de toma de decisiones en la CNMC y de sus conclusiones debe rendir cuentas a la ciudadanía.

Por eso, pedimos a todos los diputadas y diputados de la Comisión de Economía que soliciten la comparecencia de José María Marín Quemada a fin de rendir cuentas y dar explicaciones a la ciudadanía.

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Para adherirse e incluir el nombre de vuestra Asociación Vecinal en como firmantes, mándanos una sencilla y clara respuesta confirmando que estáis interesados en figurar como firmantes de la iniciativa a la cuenta de correo:   stopviviendaturistica@gmail.com

viernes, 3 de agosto de 2018

Gran Noticia: Políticos Condenados por Ruido

Con la sentencia dictada por la Audencia Provincial de Cáceres contra dos políticos del PSOE y 11 hosteleros, se abre un nuevo camino en la defensa de la salud de los ciudadanos contra el Ruido de Bares y contra la negligente gestión de los nefastos políticos que campan por toda España. Confiamos que algunos tomen nota

Tal y como publicaba el diario digital www.hoy.es el pasado 25 de julio:

La Audiencia de Cáceres confirma las condenas de cárcel para Heras, Jurado y once hosteleros.

Ya hay sentencia firme del caso de la Madrila, iniciado en 2012 por una denuncia de la Asociación Cacereños contra el Ruido. La Audiencia Provincial apenas rebaja las condenas de prisión impuestas a la exalcaldesa Carmen Heras y al exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado(ambos gobernantes durante la legislatura 2007-2011), que quedan en un año y nueve meses para cada uno, así como para once hosteleros, que sí deberán entrar en la cárcel al rebasar los dos años.

Diez de estos empresarios, que se ocupaban de la explotación de nueve locales de la Madrila ('Machiavello', 'Discoteca Down', Súgar', 'La Belle', 'Submarino', 'La Cuerda', 'Barroco', 'Latinos' y 'Tacones') son condenados a dos años, tres meses y un día de prisión; otro, que llevó 'Tacones', deberá cumplir dos años y nueve meses.

Según penalistas consultados, tendrán que ingresar en prisión un tiempo mínimo de cinco a siete meses, antes de poder obtener el tercer grado. Se trata, por tanto, de un fallo judicial histórico, que hace responsable de los males padecidos durante años por los vecinos de esta zona a los dueños o gestores de los bares emisores del ruido.

Otro hecho destacado es que también se les prohíbe ejercer la hostelería en cafeterías, pub, bares, discotecas, salas de fiesta y cualquier local que cuente con equipo de reproducción sonora. La inhabilitación es de un año y nueve meses para cuatro de ellos, para cinco es de un año y medio y para dos es de un año. En muchos casos, constituye su principal modo de vida.

Por lo que se refiere a los socialistas Heras y Jurado, a ella se le ha rebajado la pena inicialmente impuesta en tres meses, y ambos son condenados a un año y nueve meses de prisión, lo que en principio supone no ir a la cárcelpor ser inferior a los dos años. No obstante, desde la reforma del Código Penal de 2015 es el juez quien decide si ingresan.

A Carmen Heras y a Carlos Jurado también se les condena a ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Ninguno ejerce en la actualidad actividad política, y podrán seguir con su profesión de profesores universitarios.

La Audiencia Provincial, en una sentencia de 124 páginas, lo que ha hecho es confirmar prácticamente la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres de fecha del 1 de enero de 2018. La leve rebaja en el caso de Carmen Heras se debe a que aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas. El resultado es que la aleja de ir a prisión. Hay que recordar, en este sentido, que exalcaldesa de Plasencia Elia Blanco, fue condenada a dos años y un día y estuvo en prisión un año y tres meses.

En el caso de los hosteleros también se mantiene en ambas sentencias la condena de dos años y nueve meses de cárcel para Abel Giraldo, de 'Tacones'. A Rubén García los dos tribunales le condenan a dos años y tres meses, y en el resto se les ha rebajado la sentencia primera en tres meses o un mes.

En el recurso, la exalcaldesa socialista volvía a responsabilizar a un técnico municipal de que no se actuara contra los bares emisores de ruido, pero la Audiencia concluye que la responsabilidad era de la alcaldesa y del concejal. Tampoco admite, como señalaba la defensa de los expolíticos, que la culpa del ruido de la Madrila fuera de la Junta o de la Subdelegación del Gobierno, al producirse en la vía pública.

Para la Audiencia, está claro que hubo contaminación acústica desde el año 2007 hasta el mes de marzo de 2012, periodo objeto de las denuncias, y que los responsables son los condenados.

Esta segunda sentencia mantiene que los hosteleros indemnicen a 14 vecinoscon un total de 99.000 euros por los daños morales. El Ayuntamiento no tiene que pagar.

La sentencia es firme, pero se puede recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si alegan que se ha vulnerado algún derecho fundamental de los condenados.