jueves, 24 de julio de 2014

La Comunidad de Madrid reduce las subvenciones de ascensores con “estivalidad” y alevosía


Se confirman las peores sospechas de los vecinos respecto a las subvenciones de ascensor. Muchas comunidades que llevaban años esperando la respuesta a su solicitud, desde mediados de julio están recibiendo una carta en la que se les concede dicha subvención. Pero el importe no coincide con el que en su día aprobó el gobierno regional y gracias al cual muchas comunidades votaron a favor de la instalación, sino que se ha reducido de 50.000€ prometidos a tan solo15.000 euros. Esta minoración es posible porque se está aplicando con carácter retroactivo el artículo 20.2 de la Ley 4/2012 de 4 de julio de la CAM. 

A pesar de que las solicitudes a las que ahora se da respuesta se registraron entre 2009 y 2011 y de que el plazo para contestarlas era de 6 meses, la resolución de todas ellas tiene fecha posterior a la citada ley, de forma que la Comunidad ha podido aplicar la disminución de la cuantía de una forma torticera. 


La fecha de publicación tanto de la ley de 2012 como la de las resoluciones no es casual. En los meses de julio y agosto a las comunidades les resulta muy difícil reaccionar porque muchos de los propietarios se encuentran fuera de su domicilio habitual. Lo que se intenta es que las comunidades no tengan tiempo de presentar un recurso.  Es todo un ejemplo de malas prácticas de gobierno por parte del poder autonómico madrileño. 

El plazo para el recurso de reposición es de un mes desde la notificación de la resolución. Este recurso no supone coste y no necesita del acuerdo de la junta de propietarios. 

Para el recurso contencioso administrativo hay dos meses de plazo y en este caso, sí que es necesaria su aprobación en junta de propietarios, cuyo acta debe incluirse en el recurso. 

La reducción de 35.000 euros en la subvención nos parece gravísima por la inseguridad jurídica que provoca a 1.000 comunidades de vecinos, muchos de los cuales están aún pagando cuotas del préstamo que se vieron obligados a solicitar para la instalación de su ascensor. Pero la forma de comunicar la respuesta a la solicitud en pleno verano, intentado que los ciudadanos no tengan tiempo de ejercer su derecho al recurso nos parece deleznable viniendo de nuestros gobernantes.

Recomendamos a las comunidades que recurran esta resolución, aunque solo sea por dignidad ciudadana. Les animamos a consultar con un abogado y que les explique sus posibilidades. Recordamos que el departamento jurídico de Larcovi, a iniciativa de la asociación de vecinos Ciudad de los Ángeles ASVEYCO,  ha iniciado un recurso al cual cualquier comunidad afectada puede adherirse. ciudadangeles@larcovi.es

También animamos a las comunidades a enviar una carta de protesta a las empresas instaladoras de ascensores que han sido las verdaderas beneficiadas de esta estafa con sello oficial. Ellas tendrían que ejercer presión ante el gobierno regional para que pague las cantidades comprometidas en su día.


No queremos engañar a nadie, si el recurso contencioso administrativo se pierde después de años de pleitos se condenaría en costas a la comunidad recurrente, y podrían tener que pagar miles de euros. Si la resolución judicial es favorable lo único que se recuperará es la dignidad ciudadana de que nuestros políticos no nos engañen vilmente, y será la Comunidad de Madrid la que tendrá que pagar millones en costas judiciales, que saldrán igualmente del bolsillo de todos los ciudadanos.