domingo, 30 de junio de 2013

NOTA DE PRENSA PARA DENUNCIAR LA GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN SUS AUTORIZACIONES A MADO


La Asociación de Vecinos de Chueca quiere DENUNCIAR ante la opinión pública como el ayuntamiento, por segundo año consecutivo, ha acordado con los empresarios (AEGAL) que organizan el Orgullo Gay permitirles instalar un escenario en la plaza de Chueca, con el objeto de camuflar bajo su instalación la colocación de bares en la vía pública para la venta de alcohol; cosa que prohíbe la legislación conocida como 'ley anti-botellón'. De esta manera estos empresarios, en especial Maica Contreras presidenta de AEGAL y con varios locales de copas en la plaza de Chueca, tendrían la posibilidad de infringir la ley anti-botellón con el visto bueno del ayuntamiento; como llevan haciendo años

DENUNCIAR que la instalación de un escenario en la plaza de Chueca supondrá, toda vez que los organizadores ya lo han anunciado, la organización de conciertos y el uso de amplificación acústica que va contra la ordenanza del ruido y contra la propia autorización del área de Medio Ambiente del ayuntamiento, como ya sucediera el año pasado. La consecuencia fue la apertura otro expediente que el ayuntamiento ni ha cobrado ni va a cobrar. Los expedientes de ruido del ayuntamiento de Madrid a MADO, se han quedado y se quedarán siempre sin ejecutar ya que incluyen deliberados defectos que impiden hacer firme el cumplimiento de las sanciones.

La consecuencia de todo ello será la peligrosa sobreocupación de la plaza de Chueca, de hecho un cul de sac de apenas 20 de ancho y 900 m2, sobre la que resulta técnicamente imposible aplicar un plan de emergencia, ya que ni la configuración de la plaza ni las vías de escape permitirían una evacuación segura. El ayuntamiento nunca ha exigido a los organizadores un plan de auto-protección sobre esta plaza.

Los responsables de este modelo de velada autorización ilegal en el ayuntamiento serían el responsable de Seguridad, José Enrique Núñez, y el concejal del distrito centro. A los que queremos públicamente advertir de las graves consecuencias que podrían tener sus decisiones, tanto por amparar directa o indirectamente el incumplimiento de las normas como por los gravísimos riesgos en materia de seguridad en los que incurren.

DENUNCIAR igualmente que el ayuntamiento ha retrasado deliberadamente la firma de las autorizaciones, aunque la organización y el propio ayuntamiento ya han confirmado el contenido de las mismas, para que de esta manera las partes afectadas no tengan tiempo de presentar alegaciones e interferir en las mismas. Queremos hacer notar al sistema de garantías legales, jueces y fiscales, las irregularidades en las que podría estar incurriendo el ayuntamiento; quien ha decidido poner en práctica un modelo de 'ingeniería' para infringir las normas en vez de garantizar de manera transparente su cumplimiento. Tomen nota igualmente quienes pudieran estar interesados en como maneja el sistema de garantías públicas del ayuntamiento de Madrid.

DENUNCIAR, un año más, que MADO no es más que un negocio de empresarios amigos, basado en la colocación de bares en la vía pública, autorizados por el propio ayuntamiento bajo la tapadera de 'elementos anexos al escenario'. Estos bares que el ayuntamiento autoriza no suponen ningún ingreso a la hacienda pública, son alquilados a precio variable por AEGAL, a pesar de ser suelo público sobre el que no tienen derechos propiedad; con la condición de que los inquilinos les compren lotes de bebidas, incluido alcohol, en cantidades mínimas, sin posibilidad de retorno, a los precios fijados y para vender en exclusiva, incluso sin IVA. Los costes de seguridad y limpieza corren por cuenta del presupuestos público, que no sólo no ingresa por este evento/negocio sino que incurre en un importante gasto público, sin contar las subvenciones que el ayuntamiento otorga directa e indirectamente a estos empresarios.

El modelo de negocio que esconde MADO no está auditado ni parece muy transparente, y tal vez la Agencia Tributaria, como ya hizo en eventos como las Fallas debería investigarlo.

No parece que los responsables políticos del ayuntamiento hayan aprendido de la muerte de 5 jóvenes en eventos similares y vuelven a poner en riesgo la vida de miles de personas para que unos empresarios, con vínculos de amistad, hagan este negocio. La pregunta que cabría es ¿Qué ganan los responsables políticos del ayuntamiento de Madrid con estas decisiones?